Himelda Ascanio
Esta semana se conoció un Fallo condenatorio en contra de 7 ejecutivos de la transnacional bananera Chiquita Brands, que hace visible el entramado criminal urdido entre esta empresa gringa con el narco paramilitarismo, para asesinar trabajadores, trabajadoras y liderazgos populares.
Dicho Fallo tiene antecedentes históricos en Colombia y también precedentes en los Estados Unidos. Chiquita Brands es la continuidad de la tristemente recordada United Fruit Company, la misma que esclavizó trabajadores colombianos desde 1899, responsable de la masacre de las bananeras en 1928. Dicha historia no puede dejarse en el olvido, ni solo recordarse en discursos grandilocuentes y manipuladores, como se estila desde los sectores hoy en el gobierno.
Recordar la tradición criminal de esta empresa conlleva pensarse la continuidad de políticas e imposiciones de transnacionales en contra de los trabajadores y del campesinado colombiano. La confirmación de estas relaciones entre transnacionales y paramilitares, es la ratificación de una verdad histórica que ha pretendido ocultarse, pero que hoy sigue asesinando líderes y lideresas.
La relación entre conglomerados transnacionales y violencias sistemáticas es parte de la injerencia maldita, con la que el imperialismo ha pretendido someter a nuestros pueblos, ante la complicidad de los estamentos internacionales y los propios Estados. Gran parte del terrorismo imperialista en el mundo es auspiciado por las grandes corporaciones transnacionales. Chiquita Brands en nuestra América, es una muestra de ello.
Décadas financiando el paramilitarismo
Aunque aún no está en firme, el reciente Fallo data que desde 1997 hay conocimiento de la expansión del paramilitarismo en los departamentos Córdoba y Antioquia, y que desde ese momento, la transnacional bananera asumió como uno de sus motores financieros, a cambio de supuestos acuerdos de seguridad, es decir, bajo el mismo paraguas de las cooperativas de seguridad privada, Convivir. De hecho, estas “cooperativas” fueron el puente por donde canalizar los recursos para la conformación de los ejércitos de mercenarios, llamados AUC.
En el documento, según lo dio a conocer un diario de Bogotá, se relaciona directamente al Estado colombiano por encubridor y negligente para investigar y juzgar, generando impunidad. Se refiere directamente a la Fiscalía, planteando que: “A pesar de tratarse de hechos de graves repercusiones sociales y jurídicas, su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor, tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral, lo que generó un grave detrimento procesal y una afectación al derecho a la justicia, omitiendo su deber de actuar con la debida diligencia pese a su delicada misión institucional”.
Cabe señalar que por estos hechos Chiquita Brands ya fue condenada en los Estados Unidos en 2007, es decir, que hace 18 años que esta empresa admitió haber girado millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, sin embargo, en Colombia se mantenía en la impunidad.
Incluso en 2024, un Tribunal Federal de Florida, EEUU, declaró a Chiquita Brands como responsable de asesinatos de guerra civil en Colombia, al encontrarla culpable de la muerte de 8 personas a manos de la AUC. En ese proceso, la empresa bananera reconoció haber entregado a los paramilitares más de 1,7 millones de dólares en efectivo, a través de empresas filiales como Bananex S.A.
Ahora se espera que el Fallo dictado en Colombia, al menos, deje en pie y se ratifique la condena a 7 ejecutivos de esta empresa. Pues aún faltaría que los condenados apelen y que haya una confirmación del pago de indemnización a las víctimas. Increíblemente, esta sería la primera condena y el primer fallo contra esta empresa asociada al genocidio político desde hace décadas.
Con todo ello, y a pesar de lo histórico de este Fallo, es la confirmación de la impunidad que sigue siendo madrina del saqueo y el genocidio en Colombia. Que continúa en los territorios hasta tanto no se desmonte el paramilitarismo y las autoridades colombianas dejen de actuar en connivencia y complicidad, con quienes hoy siguen arrasando y desangrando al país.
Asesinados de la semana
El 17 de julio, tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida en el sector conocido como La Punta, en la vía que conecta a Yondó con Puerto Berrío, Antioquia.
Aída Damaris Flor Camayo, era una reconocida lideresa indígena reconocida por su participación en la guardia indígena quien pertenecía al resguardo de Honduras; fue asesinada el 19 de julio, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la vereda El Jordán de Morales, Cauca.
Marcos Yonda, era un sabedor ancestral y reconocido líder espiritual del Territorio de Talaga, vereda Taravira, municipio de Páez, Cauca; fue asesinado la madrugada del 21 de julio, con arma blanca en su vivienda.
Luis Fernando Mayorga Rodríguez, era un reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Nueva, en el corregimiento de Lerma, municipio de Bolívar, Cauca; el 22 de julio fue encontrado sin vida, con múltiples impactos de arma de fuego, en la vereda El Hortigo.
Fernanda Domicó, era una reconocida líder social e indígena Embera, mujer trans y jefa de bomberos de Dabeiba, Antioquia; fue encontrada sin vida el 25 de julio, en zona rural, en la finca La Clara, del municipio de Dabeiba
