Buenaventura, el principal puerto de marítimo de Colombia, por donde se moviliza el 45 por ciento del comercio internacional, generando una gran riqueza, la cual solo pasa por el territorio y que contrasta con la realidad de su población, pues en medio de tantos beneficios que deja el puerto, históricamente han vivido en la exclusión, marginación, desigualdad, hambre y miseria. Esta realidad que hace sesenta años fue muy bien diagnosticada por monseñor Gerardo Valencia Cano, Arzobispo de Buenaventura, no ha mejorado, por el contrario, se agudiza, pues ante el fortalecimiento de la organización social que reclama mejoras, justicia y bienestar para sus pobladores, la oligarquía regional, la clase politiquera y narcotraficante que explota los beneficios del puerto, responden con violencia y a principios de la década del 2000 este régimen de dominación, plago el territorio con los paramilitares del Bloque Calima, quienes durante cuatro años sembraron el terror y acallaron los reclamos de las comunidades organizadas, creando un espiral de muerte, desaparición forzada, violencia sexual contra las mujeres y el desplazamiento interurbano más grande de Colombia. Una total impunidad que permitió la total violación de los derechos humanos.
