Editorial revista semanal Insurrección Nº 935

Los Estados Unidos parecía que ya tenían suficientes Bases Militares en Colombia, hasta que Gorgona, nuestra mayor y más bella isla en el Pacífico, fuera entregada como su nueva Base Naval, para ser abusada en las guerras eternas del imperio, la que dicen librar contra las drogas.

¿Cómo ocurre esta entrega bajo un Gobierno que se proclama progresista y defensor de la Madre Tierra? Todo lo inició el Gobierno de Santos (2010-2018), el mismo que tuvo la maléfica idea de volver a Colombia socia de la OTAN, cuando en 2015 era su Ministro de Medioambiente Murillo, el actual embajador en EEUU, quien dio el gran golpe al estilo del ‘todo vale’, pues según el Exsenador Robledo: “el radar y la Base Militar en el Parque Natural Isla Gorgona empezó torcido: la llamada ‘licencia ambiental’ se tramitó en 29 días y a las escondidas y sin consultarle a nadie. Se aprobó un 31 de diciembre, día en que suelen aprobarse los torcidos en Colombia”.

En 2018 llegó el gobierno de Petro, suspendió las obras hasta no evaluar el daño ambiental y ahora sin esta evaluación, anuncia el reinicio de tales construcciones. ¿Por qué tanto desenfreno?, ¿por qué no instalan ese radar en otra parte? y ¿por qué estalla este escándalo el 12 de febrero pasado? Porque el 2 de febrero, Petro denunció una conspiración para echarlo de la presidencia, el 5 lo visitó J. Finner el segundo jefe del Consejo Nacional de Seguridad (NSC de EEUU), donde se dice que la potencia del norte le dio su respaldo, a cambio de Gorgona; el 8 el Secretario de la OEA, un parlante de los gringos, “condena las amenazas de interrupción del mandato de Petro”, por esto, 4 días después, hicieron el anuncio del reinicio de obras para la referida Base Militar.

La operación más retorcida corre por cuenta del Gobierno gringo, quien ejecuta un entrampamiento típico de su actuar imperial: por un lado su Departamento de Justicia empuja al Fiscal General colombiano para que asedie al Presidente progresista, provocando la ruptura institucional denunciada por Petro, mientras por el otro flanco, aparecen raudos el NSC y el Departamento de Estado a brindarle respaldo para que no lo derroquen, y el botín lo cobra la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que es la que ha invertido en la construcción de la Base Militar en Gorgona.

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