Editorial Revista Insurrección N° 939
Comando Central (COCE)
El 9 de abril de 1948 la oligarquía asesinó a Jorge Eliécer Gaitán, para impedir que liderara los cambios democráticos. Ahora, 76 años después, la oligarquía impide las reformas que son un compromiso ante el pueblo, del Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
En 1948 las transformaciones fueron truncadas con el magnicidio y luego a sangre y fuego, y cuando el pueblo en resistencia se convirtió en peligro para la oligarquía, lo sofocó mediante un plan de pacificación que le abrió las puertas a un pacto entre los oligarcas liberales y conservadores, llamado Frente Nacional; el tal Frente a nombre de “la paz y la ley”, le cerró la vía a la voz de pueblo en las instituciones y a la reforma agraria, además de continuar la persecución contra el movimiento campesino y popular.
A causa de la exclusión política y la persecución realizada por el Frente Nacional contra los trabajadores, los campesinos y los estudiantes y producto de sus luchas surgió la rebelión armada en 1964; la cual en el transcurso de 25 años y en medio de combates, paros, huelgas
y movilizaciones para 1990, llegó a ser un formidable movimiento insurgente y popular.
La fuerza popular fue diezmada entre 1984 y 1992 mediante la acción sicarial ordenada y organizada desde los batallones militares y ejecutada grupos de las mafias del narcotráfico.
En 1990 la oligarquía ante la crisis política del establecimiento y para colocar al país en función del denominado Consenso de Washington, realizó en cabeza del presidente Cesar Gaviria (1990-1994), una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que instalaron en diciembre.
En junio de 1990 el M-19 había acordado su desmovilización, de ahí que en la ANC surge su continuidad llamándose Alianza Democrática, cuya bancada fue de cerca del 30 por ciento de delegados, contribuyendo a que la Constitución de 1991 sea garantista de derechos, pero solo en su parte declarativa, con la excepción de los derechos de los pueblos étnicos, plasmados producto de largos años de lucha.
Las 3 fuerzas determinantes de la ANC (Partido liberal, Conservador y AD), acordaron dejar en manos del presidente Gaviria las reformas económicas y de política social y laboral; igualmente no fue objeto de discusión las Fuerzas Militares. De la política exterior la Constitución solo prohibió la extradición de nacionales, que en 1997 fue restituida.
A partir de 1991 y bajo la nueva Constitución se afianzó lo que el régimen oligárquico llamó reforma estructural, realizada hasta 2018, con lo que desmontaron el aparato productivo industrial y agropecuario, privatizaron la salud, la educación y de las empresas públicas, así mismo cercenaron los derechos laborales y de seguridad social conquistados durante el siglo XX, e impusieron la maldita Locomotora Minera, que continúa desplazando, despojando y destruyendo las comunidades y la Madre Tierra en todo el país.
Con el fin de derrotar estratégicamente a la insurgencia y bajo el pretexto de la fracasada Guerra Contra las Drogas, impuesta por la plutocracia que domina a los Estados Unidos, desarrollaron el Plan Colombia (2000-2016), logrando con ella la desmovilización y desarme de las Farc, mediante unos acuerdos que no tocaron las políticas impuestas por el viejo régimen. Según un veterano investigador del Cinep, por tales acuerdos las Farc abandonaron la lucha de resistencia armada, a cambio de que el Estado cumpla la Constitución.
Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), se consolidaron las mafias en la dirección del aparato judicial y en el Congreso. El gobierno incrementó la carga tributaria a los trabajadores y la clase media, recortó la inversión social en medio de la pandemia, que
sumado a la inconformidad causada por la marginación del estudio y del trabajo de millones de jóvenes, y por el trato de guerra dado a las protestas de 2019, la furia popular desembocó en el Estallido Social del 2021.
Las reivindicaciones exigidas por el pueblo pasaron a ser mandato de transformaciones, que en buena parte las recogió el Programa de gobierno del Pacto Histórico, con el cual Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, para el periodo 2022-2026.
La oligarquía y sus partidos han cerrado filas en el Congreso, en las Cortes y en sus medios de propaganda, en contra de las transformaciones básicas, como acontece con la Reforma Agraria que va a cuenta gotas, y con las miniaturizadas reformas a la salud, pensional y laboral, que ni así de reducidas las dejan pasar.
En amplios territorios urbanos y rurales continúa expandiéndose y ejerciendo su dominio el narcoparamilitarismo de la mano de sectores políticos, empresariales y militares, dándole continuidad al despojo y el destierro, matanza que se constituye en un Genocidio Continuado, sin que el gobierno lo detenga. Todo parece indicar que otra vez están cerradas las vías legales para la democratización de Colombia.
