Editorial Revista Insurrección N° 947
Comando Central (COCE)
La corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Desastre (UNGRD), con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, involucró a los jefes del Congreso y del Partido Verde, evidenciando como la corrupción lubrica al Estado y al viejo régimen.
A tiempo, la Exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las promotoras de la Consulta Popular Anticorrupción del 2018, fue llamada por la Fiscalía General de la Nación por la desviación de 12 mil millones de pesos del proyecto del Metro, para financiar la campaña al Senado de su esposa, Angelica Lozano, quien será investigada por la Corte Suprema de Justicia por el mismo caso.
La historia de Colombia es la historia de la corrupción de la élite oligárquica que toma el Estado como fuente de acumulación de riquezas, robándose los recursos que aportan los colombianos con sus impuestos y saqueando los bienes públicos.
Los tres presidentes que ha tenido Colombia desde que inició este siglo, antes de llegar Gustavo Petro a palacio de Nariño, han estado inmersos ‘hasta los tuétanos’ en la corrupción: narcopolítica y Yidispolítica para la elección y reelección de Uribe; coimas de Odebrecht para la elección de Juan Manuel Santos y otra vez narcopolítica (Ñeñe y sus secuaces) para la elección de Iván Duque.
Además de estos casos, existen otros emblemáticos en diferentes épocas y entidades del Estado y programas de los gobiernos, como Agro Ingreso Seguro, Reficar, Ecopetrol, PAE, corrupción en las Fuerzas Militares y de Policía, EPS, Fiscalía General de la Nación y las altas cortes no podían faltar. Largo etcétera que compromete a entidades regionales, departamentales y municipales.
Las 1.750 narcovacas decomisadas el año pasado en España refleja el entramado mafioso entre grandes ganaderos, el narcotráfico y militares colombianos, porque el narcotráfico y la mafia hace parte del inventario del Estado y el régimen.
La arquitectura política y jurídica del país garantiza una inmunidad de clase, para que los poderosos nunca puedan ser juzgados por sus delitos. La desaparición de pruebas, el chantaje, el soborno, el asesinato de testigos y denunciantes son métodos empleados para mantener la impunidad; como, el caso de los 6.402 Crímenes de Estado, llamados con el eufemismo de falsos positivos. Asimismo, mantienen en libertad a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval y el hombre más rico de Colombia, quien aceptó en Estados Unidos su responsabilidad en pagos de soborno con Odebrecht a funcionarios colombianos. Cabe recordar que en este caso, perpetraron dos asesinatos con cianuro, Jorge Pizano y su hijo Alejandro.
Esa misma corrupción consustancial al régimen fue la que no permitió que se aprobara la Consulta Popular Anticorrupción de 2018, a pesar de lograr 11 millones 645 mil votos, la mayor votación registrada hasta ahora en la historia de Colombia.
Son millones los colombianos y colombianas, principalmente niños y ancianos, víctimas de la corrupción, de igual forma la naturaleza es afectada negativamente por esta pandemia, pues la corrupción de los poderosos deja pauperización, violencia e injusticia social y ambiental en toda la nación.
En este momento de un Gobierno progresista también hay comportamientos corruptos a pesar de la vehemencia con que Petro llama a practicar la honradez; esto demuestra la tesis de que el régimen además de corrupto es corruptor; por lo tanto se necesita una verdadera transformación política, ética, cultural e ideológica, en donde la nueva gobernanza no puede estar sujeta a acuerdos con los que asumen la política como oportunidad de enriquecimiento personal o de grupo, ni con los que tienen «emprendimientos» con dineros del narcotráfico.
Se necesita una restauración moral en donde la política esté subordinada a la ética; y a su vez, la honradez, la justicia y la equidad sean pilares centrales de la administración pública; lograrlo es avanzar hacia una verdadera democracia y a la paz con justicia social y ambiental.
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