Este mes celebramos que hace 60 años comenzaron a construir un proyecto de nación diferente. Entre esos soñadores y revolucionarios jugaron un papel clave quienes se organizaron desde las ciudades, producto de la decisión consciente de transformar la desigualdad y segregación, que vive día a día la población urbana. Aunque han sido 60 años de lucha, la persecución a quienes se alzan contra las injusticias ha sido tanta que nuestras ciudades siguen siendo más un negocio de unos pocos que un espacio para la vida digna.
Hoy vemos cómo siguen aumentando los gastos en cada familia, precios y rentas de vivienda desproporcionados, alimentos básicos cada vez más encarecidos, un transporte público precario y atiborrado, y unos servicios públicos cada vez más caros e insostenibles, pues los ingresos de la mayoría de personas no alcanzan. Mientras tanto, las empresas privadas van aumentando sus ganancias, como la empresa Air-e en la costa Caribe propiedad de Alberto Ríos Velilla, quien viene monopolizando los servicios públicos de las ciudades colombianas. O las Empresas Públicas de Medellín (EPM), controlada desde hace décadas por el principal gremio económico de la región, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Este grupo sigue aumentando sus operaciones y ganancias en el continente, pero esto no se ve reflejado en la garantía de derechos básicos de agua y luz a miles de desconectados en las ciudades, ni en un alivio a los costos de las personas, quienes en últimas asumen las pérdidas que tienen en otros escenarios de sus negocios.
También se vienen destruyendo reservas naturales y forestales en todas las ciudades, comprando grandes predios protegidos para construir megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales, de infraestructura o habitacionales para la clase adinerada. Vemos las mansiones en los Cerros Orientales de Bogotá o en el norte de la ciudad el proyecto urbanístico más grande actualmente en el país, el conocido como “Lagos de Torca”, ubicado en el Humedal Torca Guaymaral, siendo una amenaza directa a la riqueza hídrica, así como de fauna y flora del territorio. Destruyen los recursos naturales para sus negocios y mansiones de la mano de las administraciones locales, mientras las clases populares somos quienes sufrimos los recortes de agua, las olas de calor, la desigual distribución de zonas verdes, los movimientos en masa y los incendios en los cerros de nuestras ciudades.
Estas élites son quienes impiden el cambio, como hemos visto con claridad estos dos años del actual gobierno en los intentos de reformas pensional, laboral, educativa y a la salud. Estos cuatro escenarios de la vida en Colombia han sido privatizados, por tanto, negados mientras un grupo reducido de personas se ha enriquecido de formas inimaginables al concebir estos derechos como un negocio. Estos proyectos de reformas —que hasta hoy solo ha sido aprobada la pensional― son transformados en el legislativo por los congresistas que representan los gremios empresariales a través de diversas maniobras propias de un sistema injusto, limitándolas a un simple maquillaje que no cambia la verdadera cara de lo que se vive en el país.
Hasta que las ciudades no sean del pueblo la lucha seguirá siendo vigente, seguiremos siendo muchos más caminando por los senderos rojinegros, sembrando el amor eficaz desde el barrio, las calles y parques, en las escuelas y universidades, en las fábrica y en las áreas rurales. Allí seguiremos resistiendo y confrontando a lado del pueblo la violencia, exclusión y empobrecimiento al que nos someten quienes siguen controlando el poder político, económico y militar (paramilitar) en nuestro país. Con esta realidad hacemos un llamado a organizarnos, levantarnos e insurreccionarnos, esta demostrado que los dueños del régimen no entregarán los privilegios usurpados al pueblo, los tenemos que arrebatar.
“ELN 60 AÑOS, COMPROMISO Y CERTEZA EN LA VICTORIA POPULAR”
