Himelda Ascanio
Mucho ruido hicieron con el Paro Armado en el Chocó, pero poco dicen de la opresión y extorsión continua y permanente que allí aplican el Clan del golfo con apoyo de las Fuerzas Armadas del Estado (FFAA).
Similar situación pasa con el Catatumbo, mucho ruido y mucho despliegue, pero poco se publica sobre la protección del Ejército a la banda Exfarc, Frente 33, y sobre las amenazas a la población.
Estas regiones, al igual que Arauca, Cauca y el Magdalena medio, parecen entregadas a las bandas por el gobierno colombiano. No solo la pública connivencia y colusión de las FFAA y bandas paramilitares, sino también la invisibilidad a las que están sometidas, con la manipulación informativa que aplica para las acciones que confrontan la situación, así como la persecución que opera para las voces que se atreven a denunciar. Las empresas de comunicación tergiversan y con ello ayudan a someter a comunidades y pueblos.
Los niveles de desfachatez sobre estas situaciones se pueden ejemplificar en el comunicado emitido por las FFAA el pasado sábado 26 de julio, en el cual negaban las múltiples denuncias y evidencias de las estrechas relaciones con las bandas paramilitares: “rechazamos cualquier señalamiento que sugiera la existencia de acuerdos directos entre autoridades militares y Grupos Armados Organizados al margen de la ley, o que pretenda atribuirles prácticas contrarias a la Constitución”… ¿y si les aplicaran un detector de mentiras?
A pesar de este intento por desmentir lo evidente, olvida el alto mando militar de las fuerzas del Estado que las denuncias, pruebas y evidencias han sido planteadas por una amplia variedad y cantidad de entidades institucionales, no institucionales, regionales, nacionales e internacionales, y claro, también la insurgencia. Ejemplo de ello han sido las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, los informes publicados por Human Right Watch o los comunicados de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
La previa del Paro Armado en el Chocó
Un mes antes del anuncio de Paro Armado en el Chocó, decretado por el Frente de Guerra Occidental del ELN, se conoció el informe de una investigación realizada por un reconocido centro de investigaciones, en él se plantean elementos devastadores sobre la situación que viven las comunidades del Chocó. Revelando las imposiciones del Clan del golfo a las comunidades en zonas como el norte del departamento y parte de la cuenca del río Atrato. Todo esto bajo la complicidad del Estado, a través de sus Fuerzas Militares.
La denuncia es tan grave, que plantea: “estamos presenciando lo que podría ser un proceso de etnocidio, a menos de que se adopten medidas concretas y efectivas para frenar esta expansión, que resulten del diálogo en curso con el Gobierno de Gustavo Petro, del desmantelamiento de las estructuras del EGC [alias Clan del golfo] o de otras alternativas políticas. Es urgente actuar para evitar la destrucción irreversible de las comunidades y sus territorios”.
Dos días antes del mencionado Paro Armado en el Chocó, las comunidades de Chirriquí, zona rural del municipio de Lloró, denunciaron públicamente la llegada de un componente de paramilitares al alto Atrato y la presencia del Ejército con operativos de allanamiento y captura a profesores de la comunidad, señalados de colaboradores de la guerrilla. Estas denuncias fueron comprobadas por la Defensoría del Pueblo, que incluso señaló casos de tortura a pobladores.
Frente a estos hechos, la visibilidad, al igual que las acciones del gobierno, han sido nulas. La alianza entre paramilitares y el Estado, sigue generando y aplicando el arrasamiento de territorios. Sometiendo a comunidades enteras. La alerta que el gobierno ha decidido ignorar, es la de un etnocidio.
Un Plan para el Catatumbo
Al parecer, cuando el gobierno anunció tener un plan para el Catatumbo, se refería a la entrega del territorio a un operador: la banda narcoparamilitar Exfarc, Frente 33. De ahí la respuesta airada del presidente, ante las acciones militares del ELN que confrontaron e impidieron que dicho plan se concretara, reacción del gobierno que derivó en el incumplimiento de más acuerdos de la Mesa de Diálogos con el ELN e iniciar una campaña de negación de la insurgencia y el conflicto social, político y armado.
Con todo y las acciones criminales cometidas por esta banda en el territorio, reveladas y evidenciadas públicamente, el gobierno ha continuado con la intensión de entrega, protegiendo e intentando ubicarlos en un territorio del Catatumbo, ante lo cual las comunidades y sus organizaciones han manifestado su rechazo, porque además de la imposición, no hay ninguna claridad respecto de esta maniobra y si se mantienen las actividades delictivas de la banda, frente 33.
El tema se agrava con las amenazas que esta banda ha venido haciendo a los liderazgos sociales de la región. Pues ahora aprovechan la protección del gobierno para amenazar y señalar, al tiempo que continúan la escenificación de una supuesta mesa de negociación y dilatan la publicitada desmovilización.
Tristemente, estas regiones del país hoy son víctimas de la continuidad del paramilitarismo amparado por el actual gobierno. La política de paz manifestada en campaña y en los primeros días de gobierno, sucumbió ante las imposiciones del imperialismo que trasladó a Colombia una versión de sus guerras proxys. Solo una determinación real, apoyada en el pueblo movilizado y con disposición a una lucha larga que confronte los dictámenes del imperio, nos permitirá pensar en la construcción de la paz.
Asesinados de la semana
En la noche del 25 de julio, se perpetro una masacre que dejo cuatro víctimas fatales, en la vereda El Salado, zona rural del municipio de La Plata, Huila.
Rogelio Santos Diaz, era firmante del Acuerdo de Paz de 2016, asesinado el 27 de julio de 2025 en El Castillo, Meta..
Fabio Marín, era un reconocido líder social e integrante activo de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Tesorito, en el municipio de Tarazá, Antioquia; fue asesinado el 29 de julio, en una zona limítrofe entre las veredas La Llana y La Coposa, jurisdicción de Valdivia.
Masacre en Cúcuta, 3 personas asesinadas el 1 de agosto en cercanías al parque Lineal de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander
