En julio de 2025, el Gobierno colombiano anunció una propuesta legislativa para prohibir que ciudadanos del país participen como mercenarios en conflictos armados en el extranjero.

La iniciativa, presentada por el vicecanciller Mauricio Jaramillo, surge tras las denuncias del embajador ruso en Bogotá, quien aseguró que Ucrania está reclutando combatientes colombianos a través de su embajada, en abierta violación de la Convención de Viena. La preocupación no es nueva: en los últimos años, centenares de exmilitares colombianos han sido enviados a guerras ajenas, donde han muerto, sido engañados o abandonados a su suerte.

El presidente Gustavo Petro ha llamado al mercenarismo ‘una forma de robar una nación’ y ha defendido la necesidad de reemplazar la doctrina del ‘Enemigo Interno’ por una ‘Seguridad humana integral’. Sin embargo, estas palabras chocan con una realidad persistente: Colombia es uno de los principales exportadores de fuerza militar al servicio de potencias extranjeras, y esto no es casual.

La raíz de este fenómeno está en la Doctrina de Seguridad que rige a las Fuerzas Armadas colombianas desde hace décadas. Una doctrina contrainsurgente diseñada bajo parámetros estadounidenses y ahora reforzada por la OTAN. Esta formación militar no está pensada para proteger la vida, sino para intimidar, reprimir y exterminar a quien sea considerado un ‘Enemigo Interno’. Por eso, los soldados no son entrenados como defensores del pueblo, sino como agentes de guerra, fácilmente reciclables para conflictos externos.

Esa misma lógica ha producido horrores como los falsos positivos, las masacres de campesinos y la persecución sistemática del liderazgo social. Es una formación que criminaliza al opositor, glorifica la obediencia ciega y da trato de guerra a la protesta social. Una estructura militar que encuentra continuidad en el modelo paramilitar y, en tiempos recientes, en el negocio transnacional de los mercenarios.

En Ucrania, Sudán, Haití o Medio Oriente, los nombres y los idiomas cambian, pero la función es la misma: usar cuerpos pobres de países periféricos como ‘carne de cañón’ en guerras que no son suyas. En el caso de Ucrania, según cifras oficiales, más de 300 colombianos ya han muerto combatiendo del lado del ejército ucraniano. Les prometieron millones y condiciones dignas; allí solamente encontraron abandono, traición y muerte.

No olvidemos el papel de Colombia en el magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití, asesinado por un comando de mercenarios, en su mayoría colombianos. O los intentos fallidos de incursión armada contra Venezuela, también con participación de exmilitares nacionales. Estas operaciones no nacen del azar, sino de una estrategia imperial que terceriza la violencia y externaliza sus guerras, usando a países como Colombia como plataformas logísticas, doctrinales y humanas, para su juego geopolítico.

Y aunque Petro haya hablado de romper con la OTAN, la realidad es otra. Durante su gobierno se renovó el Programa de cooperación con esta alianza bélica, se ajustaron las mallas curriculares de las escuelas militares al modelo OTAN, y se realizaron ejercicios conjuntos con Estados Unidos y Europa. Más allá del discurso, la práctica sigue siendo la de siempre: subordinación y militarismo.

Por eso, la solución no puede ser solo una ley. El mercenarismo es la ‘punta del iceberg’ de una estructura mucho más profunda. Necesitamos desmontar la Doctrina de Seguridad que convierte a los jóvenes en asesinos a sueldo, paramilitares y verdugos del pueblo. Aunque la propuesta de Petro sea un paso en la dirección correcta, esta debe ir acompañada de una verdadera desmilitarización, de una transformación profunda de la Doctrina y una decisión firme que desvincule a Colombia de la OTAN, rompiendo con el Plan Colombia y generando un nuevo modelo de seguridad pensado desde el pueblo, no desde los cuarteles ni las embajadas extranjeras.

Es urgente resignificar lo que significa ‘defender la patria’. Hoy, esa defensa pasa por garantizar empleo digno, educación, soberanía y justicia. No por seguir entrenando soldados para que atenten contra la propia sociedad colombiana o mueran en desiertos lejanos, defendiendo intereses ajenos. Colombia no puede seguir siendo el surtidor de ‘carne de cañón’ para las guerras del imperio. ¡Basta ya!

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