Chavela Villamil
El Presupuesto General de la Nación (PGN) debe solventar los ingresos y egresos para un año, sin embargo, en las últimas décadas este ha sido deficitario, incrementando el déficit fiscal año tras año, empujando el erario hacia la insolvencia.
En la última década se ha venido sintiendo con fuerza la deceleración económica global, que se ha venido incrementando producto del modelo económico; esto ha llevado a que el déficit global de Deuda se incremente y se acentué con más fuerza en los países dependientes del capital extranjero. Por esto, en Colombia en los últimos años su Producto Interno Bruto (PIB) ha decrecido en comparación a la era prepandémica, lo que ha acrecentado la crisis económica y el déficit fiscal.
El presupuesto general suele ser insuficiente
En las últimas tres décadas el PGN ha venido creciendo de manera exorbitante, desde la década de los 90 hasta la fecha dicho monto ha aumentado en 509,06 billones de pesos, en 1990 el presupuesto asignado era de tan solo 2,24 billones de pesos con un PIB aproximado de 4,4 por ciento y, para año 2026 el presupuesto es de 511,3 billones de pesos con un PIB proyectado de 2,5 por ciento.
Se podría pensar que un incremento del Presupuesto es benéfico para implementar políticas de desarrollo social que disminuyan la pobreza (monetaria y multidimensional) y mitiguen la brecha de desigualdad; sin embargo, en nuestro caso los incrementos presupuestales se han destinado a reforzar el Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa -DE-), que sostiene una política de gasto oneroso, a la vez que se glosan [*] pasivos suntuarios, como es el caso del sostenimiento incremental de los intereses de la DE.
Recientemente el Ministerio de Hacienda dio radicó ante el Congreso el proyecto de decreto del PGN, con un costo de 556,9 billones, que equivale al 28,9 por ciento del PIB; de los cuales 501 billones se financiarán con recursos de la Nación, 29,6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales y, 26,3 billones con una reforma tributaria. Este presupuesto tiene un incremento de 45,6 billones de pesos (8,91 por ciento).
Se podría intuir que todo aumento del PGN es positivo por disponer de mayor flujo de capital, pero si esta ampliación se destina al Gasto Corriente el aumento se considera negativo, ya que no produce capitalización y solo amplifica el déficit fiscal existente; este es el caso de este proyecto presupuestal para 2026, que como sus antecesores dedica el 84,95 por ciento al gasto corriente, además muestra una extravagancia, que mientras el pago a capital de la Deuda decrece en 9 por ciento, la amortización de interés crece 19,1 por ciento.
Necesitamos nuevos paradigmas económicos
El bajo crecimiento del PIB, acentuado desde el inicio de la época pospandémica, aunado a una política de gasto suntuosa que prepondera el Gasto Corriente y diluye la inversión integral, han acrecentado la actual crisis económica; por lo tanto, redimir la desaceleración y reactivar lo mercados tiene implícito un cambio en los patrones de consumo y las políticas de gasto y, desde luego es inaplazable decrecer el Gasto Corriente, incluyendo los pagos a la Deuda Externa que devora casi el 50 por ciento del PIB.
Es imperativo una política de austeridad, que se centre en la disminución de la burocracia estatal -lo que implica agremiación de funciones y redistribución de obligaciones-, lo que desde luego va en contra de la política del Ministerio de Hacienda de flexibilizar el marco de regla fiscal, para incrementar la deuda, lo que desde luego es nefasto ya que incrementa el déficit fiscal y pone en riesgo las vigencias futuras.
Durante décadas nuestra política económica ha basado en el fracasado dogma neoliberal del Goteo o Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), -aduciendo que si los grandes capitales incrementan sus dividendos, gotearían convertidos en más empleo que dinamizarían la economía-, teoría que ha sido ampliamente refutada y que se convirtió en un lastre de las economías que la implementan. El eje central de la debacle de nuestra economía no es solo la baja productividad, sino la implementación de políticas neoliberales emanadas de un modelo que concentra el capital en un reducido grupo plutocrático, desarrolla la enajenación de activos y la disminución de obligaciones estatales, a la vez que agranda la desigualdad social y la pobreza.
Cualquier política económica es inocua sino se reduce el Gasto Corriente, a la vez que se requieren transformaciones estructurales en los patrones de consumo y gasto. Salir de la crisis socioeconómica actual tiene implícitos cambios estructurales y radicales en los paradigmas económico, financiero, fiscal y tributario; por lo tanto, se hace inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva un tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en la recaudación por capacidad de capital, -entre más dinero y capital, mayor tributación-, además, es necesario inversión integral que permita el crecimiento y el desarrollo tecnificado del campo y la industria para fortalecer el mercado interno.
